A pesar de los que muchos piensen, probablemente debido al nombre de la institución, el Tribunal Constitucional no es parte del poder judicial. Éste es rematado y culmina en el Tribunal Supremo (aunque, tras la entrada de España en la -actual- Unión Europea, sus resoluciones puedan verse sometidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
Pero hete aquí que llegó un autócrata
a la Moncloa, y colocó -o intentó colocar- a mamporreros y mamporreras en todas
y cada una de las instituciones del Estado que le podrían hacer de contrapeso. Y
entre esas instituciones se encuentra nuestra corte de garantías, a cuyo frente
puso a uno de los más dedicados mamporreros que han tenido los de la mano y el
capullo.
Y ese mamporrero, que es malo
pero no tonto del todo, busca servirse del artículo 92 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, reformado hace una década para evitar que los sediciosos con barretina eludieran el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, para impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla
acuda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el
indulto encubierto a los bandoleros andaluces.
Lo que ocurre es que el legislador nunca pensó que quien contraviniera la Constitución fuera el propio Tribunal Constitucional.
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