En una democracia medianamente decente -ya lo señaló Charles de Secondat-, los poderes públicos son independientes unos de otros y se contrapesan unos a otros.
España está bastante lejos de ser una
democracia siquiera medianamente decente, al menos en el momento presente… pero
al menos uno de los poderes, como la aldea de los irreductibles, resiste frente
al empuje del psicópata de la Moncloa y su desgobierno socialcomunista, que
tenemos la desgracia de padecer.
Y así, el Tribunal Supremo condenó al fiscal
particular del gobierno a dos años de inhabilitación y doce meses de multa. No por
mentir o decir la verdad, sino por haber dicho algo que, por razón de su cargo,
debería haber callado.
Algo que no parecen ser capaces de comprender
todos los que están a la vera del gobierno, entre ellos el psicópata, que afirmó
que iban a defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla. Para empezar, no existe en España tal cosa
como la soberanía popular. De hecho, quienes suelen referirse a cosas populares
(democracias, repúblicas, organizaciones…) suelen ser los mayores
liberticidas que el mundo ha visto, los epígonos del jeta vacacional.
Lo que sí que hay en España, consagrada en la
Constitución, es soberanía nacional, de la que emanan los poderes del
Estado. Entre ellos el judicial, que quizá no tiene la prerrogativa,
pero sí la misión -compartida- de defenderla.
Y mientras, el ninistro Bolardos afirmaba que hay quienes ponen en duda la labor de periodistas, inspectores de Hacienda y Fiscales. Y no es así: sólo de algunos, de aquellos que se convierten en mamporreros y correveidiles de ese gobierno que dice que siempre los va a defender.
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