A mediados del me pasado -en el momento de ponerme a escribir esta entrada me di cuenta de que, en el fichero de Word que uso para ir copiando las noticias a comentar, había asignado treinta y un días a Noviembre-, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un dictamen sobre las prejudiciales presentadas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas contra la Ley de bajada de pantalones.
Dicho informe -sobre ser confuso, profuso y difuso- trataba cuestiones como la amnistía propiamente dicha, los gastos del butifarrendum
II y el terrorismo. Su autor fue el mismo jurista que tumbó la doctrina
Parot, lo que hizo que se pusiera en la calle a más de sesenta terroristas.
A pesar de que el informe no es vinculante,
los separatistas echaron las campanas al vuelo, y el desgobierno socialcomunista
que tenemos la desgracia de padecer lo celebró y pidió que se aplicara la amnistía a Cocomocho.
A la hora de escribir estas líneas, hasta donde sé, las cosas siguen exactamente igual, y el fugado sigue en Waterloo.
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