A pesar de lo que diga la Constitución y proclamen los partidos políticos, España no es una democracia. Es más bien una partitocracia, y más aún desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, cuando el PSOE perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial que enterró definitivamente a Montesquieu y, so capa de que en el parlamento reside la soberanía nacional, recondujo a ambas cámaras la elección de la mayoría de las altas magistraturas judiciales del Estado.
El Tribunal Constitucional pronto se cubrió de mierda, cuando dio por buena la expropiación de Rumasa, y desde entonces ha continuado echando estiércol sobre su cabeza. El hecho de que puedan integrarlo juristas de reconocido prestigio (reconocido… ¿por quiénes?) ha hecho que casi cualquiera con una relación siquiera tangencial con el mundo del Derecho pueda acabar formando parte de él.
La inmundicia se ha acentuado en épocas de gobierno socialista, pues la militancia de izquierda es por naturaleza más disciplinada y menos proclive a sacar los pies del tiesto. En los últimos tiempos hemos tenido tres ejemplos claros, con la admisión del sedicente y sedicioso Estatuto de Cataluña y las dos sucesivas legalizaciones de los correspondientes P-ETA, enmendando en mabas la plana al Supremo, con el que parece mantener una pugna del tipo a ver quién puede más.
Harta de esta situación, la política española con menos pelos en la lengua (es decir, Esperanza Aguirre) lanzó la idea de que quizá haya que reconvertir el Prostitucional en una sala más del Supremo. Y, cosa rara, la dirección del PP no ha descartado la idea…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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