Como sucede con la mayor parte del aparato del Estado, la situación del supremo órgano fiscalizador del sector público no es responsabilidad exclusiva del psicópata de la Moncloa. Él, simplemente, se ha limitado a aprovechar las fallas del sistema. Que las tiene.
Para empezar, los consejeros del Tribunal de
Cuentas no deberían haber militado en ningún partido político, ni ocupado
cargos que impliquen nombramiento por políticos. Es inevitable, dado el sistema
de elección de los mismos -seis por el Congreso, seis por el Senado- que haya
un cierto componente ideológico, pero no debería ser tan marcado.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas es el
único organismo de la Administración que, teniendo cuerpos especializados
(tres, para ser exactos), no tiene reserva de plaza para los miembros de dichos
cuerpos. Cualquier funcionario, aprobando unas oposiciones más sencillas, puede
mediante concurso entrar a trabajar en el Tribunal de Cuentas. Que puntos de
vista externos son de agradecer, pero debería ser la excepción, y no la norma.
Uniendo los dos puntos anteriores, los
puestos de consejeros, si no todos, deberían ser ocupados por gente de la
casa. No sólo conocen la materia mejor que cualquier eminencia venida de
fuera, sino que son menos sospechosos de tener querencias políticas. En el pleno
actual, por ejemplo y por primera vez desde hace décadas, no hay ningún miembro
que pertenezca a los cuerpos propios del Tribunal.
Para todo lo anterior ni siquiera sería necesario reformar la Constitución: con modificar la normativa del Tribunal -su Ley Orgánica y su Ley de Funcionamiento, además de dotarle finalmente de un Estatuto de personal- bastaría.
Lo de reorganizar las competencias de los distintos Departamentos de Fiscalización ya es otro tema, que daría para varias entradas…
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