Se
pongan como se pongan suciolistos, necionanistas, neocom y demás patulea, el sedicente estatuto sedicioso de Cataluña
era inconstitucional, y no sólo en aquellos extremos que declaró como tales el
Tribunal Prostitucional, sino en muchos
más. Y se pongan como se pongan la misma panda de interfectos anteriormente
mencionados, el butifarrendum del 9 de
Noviembre fue tan inconstitucional como el truño legal antedicho.
Eso
lo sabemos nosotros, pero también lo saben ellos. La prueba es que, cuando este
mes comenzó el juicio a algunos altos cargos de la administración autonómica
catalana por aquel esperpento, Cocomocho
cargó contra los jueces, mientras que Arturito
Menos daba una especie de mitin fuera del tribunal y montaba una de sus habituales patochadas una vez en la sala. Como siempre hay un tonto útil,
la franquicia socialista en Cataluña (aunque a veces parece que son éstos la
oficina matriz, y los de Ferraz los franquiciados) salió en apoyo del delfín
devenido matón, calificando el juicio de despropósito.
Sin
embargo, los testigos de la Fiscalía fueron desmontando las coartadas expuestas
por los abogados de Mas, Ortega y Rigau sobre el carácter espontáneo y a cargo de
voluntarios del esperpento. Según la defensa de los acusados, la
Generalidad no tuvo nada que ver, ya que los preparativos, la cesión de los
institutos de secundaria como sedes electorales y las tareas de organización
fueron cosa de voluntarios ajenos a la administración.
En
cambio, los citados testigos advirtieron de la implicación de la directora de
los servicios territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat Llobet, así
como de otros altos funcionarios del departamento que entonces dirigía Irene
Rigau, en la comunicación de instrucciones precisas, aunque nunca por escrito
(para ser antiespañoles, siguieron a pie juntillas aquello de que las palabras
se las lleva el viento, pero lo escrito permanece), sobre la obligatoriedad –un
inspector de educación habló de presiones-
de prestar las instalaciones para el referéndum y la conveniencia de prestar
toda la colaboración posible para el éxito del referéndum. O, para emplear las
palabras de la directora que no cedió su instituto para cometer el delito, se
quería obligar a todos los directores a actuar como comisarios políticos
(figura que, dicho sea de paso, es propia únicamente de regímenes totalitarios,
así que ya pueden los que votan a los secesionistas catalanes ir pensando en
qué clase de país se van a encontrar, si es que acaban separándose de España).
Arturo,
erre que erre, se hizo responsable de todo, pero atribuyendo todo a los voluntarios. Es decir, él no tuvo la
responsabilidad de nada, pero está dispuesto a cargar con la culpa de todo.
Esta vocación de mártir incruento no le ha servido de mucho, porque la click de Famobil y sus muchachos le han
puesto como hoja de perejil (o como se diga en ese dialecto del occitano que se
habla en esa esquinita del Noreste de España) por acatar al Tribunal.
Pero
¡alma de cántaro!, lo que debías haber hecho es no haber acudido y así, de
haberte apresado, habrías sido un mártir todavía mejor. Claro, que en la cárcel ¡hace tanto frío y se duerme tan mal!
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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