La izquierda siempre se ha arrogado la representación de la gente, del pueblo, de la ciudadanía. Por eso, considera la calle poco menos que patrimonio exclusivo suyo: cuando no tienen el poder, la ocupan y reclaman escuchar la voz de la calle; cuando lo detentan, hacen caso omiso al clamor de la calle, porque ¿qué va a saber la calle?
Aunque la voluntad de perpetuarse
en el poder de la izquierda es manifiesta -incluso alguien con reputación
(¡ahora!) de estadista, como Felipe González, hacía planes a treinta y
cinco años vista-, el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de
padecer demuestra un adarme de malvada inteligencia y procura cubrirse las
espaldas para la contingencia de que, de una manera u otra, pierdan el poder.
A esta precaución responden los cambios legislativos en la materia, y contra ellos alertan Partido Popular (por una vez no dormido en los laureles), Policía Nacional y Guardia Civil, ya que las modificaciones planteadas en la Ley de Seguridad Ciudadana permitirían, llegado el caso, incendiar las calles sin que las algaradas callejeras fueran apenas castigadas.
Siempre y cuando las hagan ellos o sus cómplices, claro.
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