Cuando a un sustantivo con significado asentado desde hace tiempo se le adosa un adjetivo, el producto resultante no guarda ningún parecido con el término de origen.
Tomemos el término justicia. Desde Ulpiano,
la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho.
Es decir, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en justicia, porque
se lo merece.
Pero ahora van los de la mano y el capullo y
se han inventado el término justicia social, y lo emplean como argumento
para dar títulos en la Formación Profesional por vías no formales de
formación. La cosa es la acreditación de las competencias profesionales
adquiridas, no de forma académica y controlada por los centros formativos,
sino por la experiencia laboral, y por vías no formales de formación…
pero sin explicar cómo se acreditaría esa formación.
El peso del rediseño del sistema de
acreditaciones recaería, no en un cuadro académico o empresarial (como
parecería lógico), sino que (cuidadito que vienen curvas), la colaboración
de los interlocutores sociales (ya tardaban) es fundamental para, desde
un plano de lealtad institucional (¿lealtad? Sabrán qué es eso…) y
sentido de Estado (más de lo mismo), identificar a nivel global qué
necesidades de acreditación existen, priorizarlas, sectorizarlas,
territorializarlas y adquirir un compromiso con las administraciones a fin de
ayudar en el reconocimiento y su evaluación.
Vamos, que lo que quieren es un tener un rebaño de burros apesebrados y estómagos agradecidos sin capacidad crítica.
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