Que las llamadas leyes de memoria españolas son más bien de olvido selectivo lo prueba, sobre todo, el uso torticero que la izquierda hace de las mismas.
No es sólo que busquen reabrir unas heridas
que llevaban cerradas medio siglo, y perseguir unos supuestos crímenes que
-estos sí- fueron amnistiados. Es que únicamente prestan atención a los muertos
de un lado -o, más bien, los atribuidos a uno de los dos bandos-, mientras que
de los del otro lado pasan olímpicamente.
Y así, mientras persiguen calificar como lugar
de memoria la Real Casa de Correos -me pregunto si mostrarían tanto ahínco
de gobernar la izquierda en la Comunidad de Madrid-, se niegan a hacer lo mismo
con las trescientas cincuenta checas de los sindicatos y partidos de
izquierdas, el cementerio de Paracuellos del Jarama, el Tren de Negrín o
el Palacio de la Moncloa, donde se llevaron a cabo ejecuciones sumarias por
parte de la izquierda.
¿La respuesta del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer? Que la Administración no se encuentra
obligada a declarar todos los espacios vinculados a episodios de represión o
privación de libertad, sino únicamente aquellos que, por sus características y
relevancia histórica acreditada, reúnen las condiciones necesarias para su
incorporación al Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática, y
que la valoración debe efectuarse atendiendo, entre otros factores, a la
dimensión del fenómeno histórico acreditado, su duración temporal, su impacto
colectivo, su representatividad y la existencia de elementos materiales o
inmateriales que permitan su adecuada interpretación y preservación.
Vamos, que no se atreven (todavía) a decirlo, pero que piensan que los que mataron los rojos, bien matados estaban.
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