Por mucha patrimonialización de la Administración que haga el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer, por muchos cargos políticos con los que llene los puestos directivos, todavía quedarán los verdaderos funcionarios de carrera, los que están ahí por afán de servicio público y no por ansias de servirse del público.
Y en ellos reside parte de la esperanza de
sobrevivir como país a esta época oscura y regresar a una situación más
tranquila y mejor. O bien negándose a cumplir mandatos manifiestamente ilegales
-la obediencia debida tiene un límite-, o bien alzando la voz en protesta
cuando una decisión es legal pero, podríamos decir, poco ética.
Es el caso de la nacionalización masiva de
descendientes de emigrantes -la llamada ley de nietos-, ante la que los
diplomáticos se han hartado y han denunciado el oscurantismo del psicópata de
la Moncloa, así como del hecho de que se haya contratado a empresas públicas
ante la falta de personal en los consulados. Empresas que, en algunos casos,
dependen de gobiernos comunistas y criminales (perdón por la redundancia).
Napoleonchu, te veo camino de Santa Elena…
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