Los gerifaltes de izquierdas, de Marx al Chepas, siempre han predicado lo contrario de lo que han practicado.
Por ello, a nadie debe de extrañar
que la fiscal general del gobierno pretenda imponer un código ético a los
fiscales. Ella, que no ha firmado ningún decreto de abstención aunque antes fue
ministra (porque como notaria mayor del Reino se la colaron doblada en la profanación
de la tumba de Francisco Franco) y su pareja sea el juez condenado por
prevaricación.
Código que ella misma incumpliría.
Claro, que teniendo en cuenta que el código de marras establece que los fiscales
deben poner en conocimiento de su superior jerárquico aquellos supuestos en que
su amistad o enemistad con el letrado o con el resto de intervinientes en el
proceso, con quienes coincidan en el despacho de un asunto o en un determinado
servicio, pueda repercutir negativamente en el ejercicio de la función, y
que el superior jurídico de la prevaricadora es el psicópata de la Moncloa,
probablemente le dijera tú tranquila, Lolita, y tira p’alante.
Eso explicaría que ocultase el expediente de la investigación al fiscal Stampa, aunque el código ético disponga que los fiscales procurarán la mayor transparencia, facilitando la difusión de toda información relevante que no sea reservada.
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