Los giliprogres son tan gilis que no se dan cuenta de que las medidas que promueven con la intención de perjudicar a sus rivales pueden, cual bumerán lanzado con torpeza, volverse contra ellos mismos.
Es el caso de la llamada
violencia de género, por la que más de un prohombre (proser,
habría que decir) de extrema izquierda ha sido condenado, tras denuncias de sus
propias correligionarias (que, para lo que quieren, a veces tienen la piel de
lo más fino).
Y es el caso de la
llamada fiscalía anticorrupción, que fue creada cuando la corrupción del gonzalato
resultaba más ostentórea -no diré alcanzaba su cénit porque
en mi opinión la casi década y media que el PSOE detentó el poder en España fue
una sucesión ininterrumpida de corrupciones, económicas y de las otras: la expropiación
de Rumasa, los GAL, Juan Guerra, Filesa, Malesa y Time Export, Roldán, Mariano
Rubio… y seguro que me dejo más de un caso y más de dos-, no para combatir la
corrupción propia, sino para atizar a la ajena.
Y ahora, mientras la
fiscal general del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de
padecer se niega a abstenerse en la investigación del caso -suponiendo que lo
haya- del hermano de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
a pesar de que la denuncia la presentó el PSOE, va el fiscal jefe anticorrupción
y acepta investigar la denuncia de la susodicha Díaz Ayuso contra el ejecutor (perdón,
ejecutivo… ¿en qué estaría yo pensando?) nacional por los contratos sanitarios
que afectan a empresas relacionadas con el psicópata de La Moncloa, el filósofo
perico o la vicepresidente de Ruina.
Por ello, y por mucho más…
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