El sistema español de aforamiento es
demencial. No sólo por el número de los mismos (más de diecisiete mil en la
actualidad), sino por el hecho de que cualquier hecho punible realizado por
ellos goza de ese privilegio.
Y la naturaleza del aforamiento no es
esa, o no debería serlo. El objeto del aforamiento es proteger la independencia
en la actuación política de sus titulares. Es decir, si un diputado menta la dudosa
honorabilidad de la señora madre de un compañero de cámara, tendría sentido la
aplicación del aforamiento; pero si ese mismo diputado le sustrae la cartera a
su compañero de banco y es pillado con las manos en la masa, no debería
aplicarse dicha figura.
En este sentido el ministro de
Justicia hizo una propuesta con mucho sentido lógico: pasar de los actuales
17.621 aforados (que se dice pronto) a sólo veintidós, aparte de los que
afectan a la familia real: los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado,
Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y las diecisiete comunidades
autónomas. Yo quizá añadiría al presidente del Tribunal de Cuentas, a los de
las ciudades autónomas y al Defensor del Pueblo. Y, desde luego, por delitos
cometidos en el ejercicio de su actividad política y en relación con la misma. Para
todos los demás casos, desde saltarse un semáforo hasta matar a alguien, como
cualquier ciudadano normal y corriente.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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