Si
hay algo que demuestra hasta qué punto han llegado las cosas en relación con
los secesionistas catalanes, es que cuando un senador –no sé ni me importa si convergente o irreceico, aunque si tuviera que apostar por uno de los dos
apostaría por lo segundo-, antiguo juez, se jactó de las actuaciones ilegales
del ejecutivo autonómico en materia tributaria (obteniendo los datos de todos los contribuyentes de la región) y desveló que se investiga a los jueces para
ver cuáles son secesionistas y cuáles respetan la legalidad (he buscado la
antinomia a propósito, puesto que toda secesión, esté justificada o no, es
siempre una ruptura de la legalidad), la única reacción que no se produjo fue
la de incredulidad.
Tampoco
es que en este país de calma chicha, donde antes se monta un pinfostio por un
partido de fútbol que por un delito perpetrado por las autoridades, la
indignación haya alcanzado niveles apreciables. Al menos, no indignación por
los hechos y sentida por los españoles; sí por parte de los conmilitones del
delincuente ex togado, que le tacharon de mentiroso, negándolo todo, y le pidieron
sutilmente que dimitiera diciendo que
Hay que valorar si suma a la base del
proceso. Es decir, había dicho lo que no había que decir cuando no había
que decirlo, pero precisamente porque era verdad.
Por otra
parte, el estrábico con sobrepeso tuvo poco ojo, porque lo que dijo es que el
antiguo miembro de la judicatura se había explicado
muy mal, y que se le había perseguido de forma injusta. Ello, a pesar de que
los preparativos del consejo de gobierno de la autonomía para el sedicente referéndum
sedicioso confirmaban las revelaciones del otrora miembro de uno de los poderes
del Estado, luego de otro y, finalmente, dimitido.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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