En
España, la Justicia no es que sea lenta; es que hasta una tortuga reumática,
que diría mi padre, es más rápida que ella. Y cuando en el proceso (nunca mejor
empleada esta palabra) andan de por medio los políticos, la cosa puede
eternizarse, aunque el delito resulte palpable, flagrante y confeso.
Por todo
ello, casi deberíamos alegrarnos de que sólo
hayan tardado once meses en imputar a Arturito
Menos, a la entonces vicepresidenta autonómica Juana Ortega y a la entonces
consejera de Educación (¿qué demonios –por no emplear una palabra más fuerte y
con carga genital, masculina o femenina, aunque primero pensé en la femenina- pinta
la educación en este berenjenal, me pregunto yo?) Irene Rigau por el butifarrendum del pasado nueve de
Noviembre.
Primero
me alegré de la imputación, y más aún de que fuera hecha por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (para que luego no dijeran que la Justicia
Española está al servicio de los intereses políticos de Madrit); que Arturito
haya sido citado a declarar en la misma fecha en que tres cuartos de siglo antes se
fusiló al asesino y golpista Luis Companys (después de un juicio, garantía que
a buen seguro él no concedió a muchas de sus víctimas), y que eso soliviantara a sus correligionarios (iba a poner partidarios,
pero no sé si el abrazo que le daría el obeso estrábico sería más bien el
abrazo del oso), no hacía sino aumentar la alegría.
Luego
me enteré de que la sala ante la que comparecerá el cada vez menos honorable
está llena de magistrados que no tenían ninguna gana de admitir a trámite la
querella, y que el ponente fue en su día propuesto por convergentes y republicanos de izquierda.
Sin embargo,
todo este victimismo es, como siempre, impostado. El imputado se ha descolgado
diciendo que no desobedeció, sino que fue una rebelión democrática, obviando el hecho de que una rebelión nunca es
democrática, aunque se haga con fines digamos democráticos (para acabar con una
dictadura, por ejemplo). Además, se ha sabido que sus abogados pidieron adelantar la declaración y que ésta se produjera durante la campaña para las
últimas (de momento) elecciones autonómicas.
Se ve
que aunque los tribunales intentan (según ellos) no judicializar la política,
algunos políticos no tienen el menor empacho en tratar de politizar la justicia…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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