La
directriz que parece impulsar la actuación del actual equipo del Ayuntamiento
de Madrid, al menos en su vertiente económica, parece ser la de no dejes que la (falta de) rentabilidad estropee tus
dislates sectarios. Sólo así se explica que, operación tras operación,
estén acabando con todos los proyectos inmobiliarios que iban desarrollarse en
la capital de España, de la Operación Campamento al Edificio España.
El
último ejemplo (de momento) ha sido la eternamente postergada prolongación de
la Castellana, que parecía estar definitivamente encaminado. Sin embargo, los neocom municipales se han sacado de la
manga un proyecto alternativo
completamente criticable, en la forma y en el fondo.
En la forma, porque si existe un expediente administrativo abierto es necesario
cerrarlo antes de abrir otro nuevo, y en este caso no ha sido así. De hecho, no
quedaba mucho por hacer respecto al proyecto de Distrito Castellana Norte: fue
aprobado por la anterior Junta de Gobierno de Ana Botella y sólo faltaba elevar
el plan a la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y ésta, a su vez, al
Pleno del Ayuntamiento. Era, pues, necesario dar carpetazo de manera legal al
anterior proyecto antes de poner a rodar uno nuevo. Pero no solo esto, sino que
Madrid, Puerta Norte -que así es como Ahora Madrid ha rebautizado el proyecto-
ignora todos los compromisos adquiridos entre ADIF y los promotores privados (BBVA
y la constructora San José, fundamentalmente). No es cierto que el 80% de los
terrenos sean de titularidad pública, tal y como mantiene el Ayuntamiento, al
menos no desde el punto de vista de un hipotético desarrollo urbanístico. El
60% de los terrenos es propiedad de Fomento-ADIF y DCN tiene un derecho de
explotación en exclusiva sobre estos terrenos. La empresa ganó ese derecho en
un concurso público en el año 1993 (y pagó por ello). Si se da luz verde al
proyecto está obligada a pagar por esos terrenos a ADIF unos 1.200 millones de euros.
Por eso, el Ayuntamiento no puede disponer de esos terrenos ni asimilarlos a
otros solares públicos, porque no lo son. Nadie puede construir ahí salvo que
DCN lo autorice. Por último, este plan alternativo al de DCN invade también
competencias tanto a nivel estatal como autonómico: en materia de
infraestructura ferroviaria y en materia de urbanismo, señalan dichas fuentes.
Así las cosas, el proyecto presentado a los medios -sin contar con los
propietarios de la inmensa mayoría de los terrenos ni con el resto de
administraciones implicadas- ni técnica ni jurídicamente puede ser utilizado
para la redacción de ningún proyecto.
En
el fondo, porque al eliminar el setenta por ciento de las viviendas que preveía
la Operación Chamartín, el proyecto
es insostenible económicamente… salvo que se aumente más aún la ya enorme deuda
municipal madrileña, que parecía estar en vías de reconducirse.
Ahora
se reconducirá, sí… pero hacia el precipicio.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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