Hace un mes -vale, cuatro semanas- toqué el tema de los despropósitos del sistema autonómico, y avancé esta entrada, en el sentido de que mencionaría algunas ideas para solventar ese despropósito.
El mayor problema -de hecho, no
de Derecho (luego explicaré esto)- sería que esa solución requeriría despojar a
las comunidades autónomas de algunas competencias (aunque, visto el resultado,
casi deberían llamarse incompetencias) de las que disfrutan actualmente.
Básicamente, consistiría en permitirles la mera gestión de recursos en temas
como sanidad o educación, pero sometidas a la superior dirección del Estado. De
ese modo, además de asegurar una deseable coordinación en esas materias, se
justificaría la existencia de (por lo menos) dos departamentos ministeriales
que, si siguen existiendo, podríamos decir que es por costumbre.
En cuanto al problema que podría
suponer semejante decisión, adelanto que, aunque licenciado en Derecho, no soy
constitucionalista, por lo que es probable que mi planteamiento adolezca de
algún punto flaco. Se basa en el hecho de que la Constitución habla de
transferir competencias a las comunidades autónomas, pero no dice nada de recentralización,
esto es, de que el Estado recupere esas competencias por una suerte de
avocación.
Naturalmente, las comunidades
autónomas se resistirían con uñas y dientes -especialmente algunas que todos
nos imaginamos- a semejante medida; pero lo que no está prohibido, está permitido,
y la Constitución no dice nada acerca de que el Estado no pueda recobrar esas competencias.
Como no hay dos sin tres, dentro de un mes, Dios mediante, trataré de cómo podría evitarse el chantaje regionalista.
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