La partitocracia que impera en España ha hecho que absolutamente todos los ámbitos de la vida pública estén gravemente politizados. Sin embargo, en esto, como en tantas otras cosas, nadie ha demostrado más descaro y menos escrúpulos que el partido de los de la mano y el capullo.
Sólo ese partido promovió como
fiscal general del Estado a un jurista cuyo mérito conocido más relevante era
haber sido una figura de la lucha canaria. Sólo ese partido promovió, años
después, para el mismo puesto a quien hasta literalmente cinco minutos antes
había sido ministra de Justicia. Sólo ese partido ha promovido para magistrado
del Tribunal Constitucional a quien no hace tanto ocupó la cartera de Justicia.
Sólo ese partido ha promovido para la presidencia del presunto Tribunal de
Garantías a un fiscal que defendió que, en las relaciones con el terrorismo,
las togas de los miembros del ministerio público debían mancharse con el polvo del
camino.
Y claro, no es extraño que, por esas casualidades de la vida (nótese la ironía), el Tribunal Constitucional haya asignado al ex ministro de Justicia la macroquerella por la gestión del COVID contra el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer.
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