En
plena campaña para las elecciones catalanas, el agonizante (al menos, eso
parece) proyecto político de Rosa Yo yo
yo Díez propuso una ley llena de racionalidad, buen sentido y coherencia.
Se trataba,
por decirlo en dos palabras, de dar cumplimiento a lo establecido en el primer
apartado del artículo tres de la Constitución, esto es:
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Esa
norma, entre otras cosas, supondría que se tendrían que hacer constar los
topónimos oficiales en castellano en la rotulación de todas las vías urbanas e
interurbanas existentes en el territorio nacional, y que debería recuperarse el
nombre tradicional español de los diferentes topónimos que hubieren sido
erradicados en algunas Comunidades Autónomas que cuentan con lenguas
cooficiales de ámbito autonómico.
Porque
si en algunas regiones al hijo de un guardia civil se le llama Yosepyuís (aquí y en la China, la
comunista y la otra), a un aragonés Yusepantoni
y a los reyes eméritos Yoancarles y Sofí, y en otra a un político se le
llama Yosuyón (pero en ninguna parte
aparece un Yonyosu, cosa extraña); si
en la primera región se habla de Saragossa
y Terol para hacer referencia a
ciudades en las que no se habla esa lengua más que por los turistas que no
quieren que les entiendan… Si, en resumen, hablamos de Londres, Estocolmo o Moscú,
pero no de London, Stockholm ni Moskvá… ¿por qué no vamos a hablar de Lérida,
Gerona, Onteniente, Játiva, San Sebastián, Vitoria, Bilbao, La Coruña, Orense,
Arteijo o Sanjenjo?
Por
todo lo dicho, es seguro que dicha norma no saldrá adelante…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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