Que
la gestión que está haciendo el Gobierno de España de la crisis en Cataluña
–léase, la aplicación del artículo 155 de la Constitución- es algo
manifiestamente mejorable lo admitirán hasta los más encendidos defensores del
susodicho Gobierno. Que más vale esto que nada, pues quizá también. Pero eso no
evita (ni obsta, ni empece) que haya críticas. Justas, merecidas y necesarias,
incluso dentro de las filas del partido que sostiene al Gobierno.
Porque
en Cataluña ha habido violencia desde hace tiempo contra los que no son
secesionistas. La hay en la actualidad, y la seguirá habiendo en un futuro
previsible a no ser que se tomen medidas más enérgicas que las que se han
adoptado hasta la fecha. Y no se trata de casos
aislados, como los denomina Cocomocho,
sino que son una actividad sistemática y organizada; tanto, que el Ministerio Fiscal va
a investigar si los sabotajes de los comités
de defensa de la república (estos deben pensar que la mejor defensa es un
buen ataque) pudieran constituir delito de rebelión.
Para
finalizar: ¿por qué prohibió el Gobierno a Policía y Guardia Civil mostrar vídeos de las agresiones que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado sufrieron la jornada del Butifarrendum
II? O, dicho de otra manera, ¿a quién pretendían beneficiar?
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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