En
España, la administración de justicia muestra una llamativa exquisitez en según
qué casos que tienen que ver con la política.
Así,
hace un cuarto de siglo (elección arriba, elección abajo), se tomó declaración
al entonces presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, a puerta
cerrada, porque no se quería estigmatizarle.
No tuvieron tantos remilgos (serían otros tiempos, supongo) cuando, hace año y
medio, tomaron declaración al entonces presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy.
Tampoco
han tenido mayores problemas en ir llamando a pasadas primeras espadas de la política madrileña pertenecientes al Partido
Popular en casos relacionados con la presunta financiación ilegal del PP. Sin embargo,
la sentencia sobre el caso de los ERE en Andalucía –que afecta, de largo, a más
personas y a más dinero que todas las presuntas tramas de corrupción del PP- se
vio retrasada a después de las pasadas elecciones generales –de hecho, todavía
la estamos esperando- por unos presuntos problemas informáticos.
Piensa
mal y acertarás, dice el viejo adagio castellano.
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