Uno no sabe (en el caso de este Gobierno, no
del anterior, al que la mala fe se le suponía) si la lentitud del Fiscal
General en la tramitación de la posible ilegalización del p-ETA se debe a la
prudencia que debe presidir sus actuaciones o al espíritu maricomplejines que le aqueja. Porque la verdad, que a estas
alturas todavía esté recabando datos… la verdad es que la cosa tiene delito, y
perdón por el juego de palabras tan facilón.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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