El problema del aforamiento de los
parlamentarios es que, como tantas otras cosas, ha excedido con mucho sus
límites razonables. Inicialmente, tenía como objeto el salvaguardar la
actividad parlamentaria, asegurando que aquellos actos o (sobre todo)
manifestaciones que se produjeran dentro de esa actividad serían juzgados por
un tribunal especial (el Supremo en el caso de los parlamentarios a nivel
nacional, y los Superiores de Justicia dentro del ámbito autonómico).
Sin embargo, como he dicho, la cosa se ha
salido de madre. Cuando se es parlamentario, cualquier infracción penal
cae dentro del ámbito del aforamiento, lo que conduce, por un lado, a que los
políticos susceptibles de ser encausados se aferren al escaño con todas sus
fuerzas; y por otro, a que los partidos coloquen a dichos políticos dentro de
las listas en posiciones que aseguren, dentro de lo probable, que serán
elegidos y podrán seguir disfrutando del aforamiento.
Estos problemas (entre otros) desaparecerían
estableciendo listas abiertas y reduciendo la figura del aforamiento a sus
límites esenciales, que son los de la cámara a la que pertenece el
parlamentario.
Así, se produce el contrasentido de que un
jardinero como el penúltimo presidente de la asamblea legislativa de Cataluña
sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia, mientras que –por ejemplo-,
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias sería juzgado por un tribunal ordinario.
Como es poco probable que los políticos
renuncien a semejante gabela, el Gobierno ha decidido iniciar el trámite
legislativo para aforar a los miembros de la familia real. Dejando aparte el
hecho de que no veo por qué un robaperas (y duque consorte, eso sí) como
Ignacio Urdangarín ha de estar aforado, en esto, como en otras muchas cosas, no
resulta el momento más oportuno. Ya se sabe, la mujer del César no sólo ha de
ser honesta, sino también parecerlo; y esa iniciativa se parece sospechosamente
a echarle un capote al (todavía) yerno de Su Majestad el Rey.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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