Narra
el Nuevo Testamento –iba a poner los
Evangelios, pero no tengo la certeza de que el episodio se narre en más de
uno de ellos- la escena en la que, sorprendida en flagrante adulterio –creo que ésa es la expresión empleada- una
mujer –curiosamente, del hombre no dicen nada, cuando, hasta donde yo sé, para
cometer adulterio hacen falta, al menos, dos-, fue llevada ante Jesús a fin de
poner en un brete al Hijo de Dios.
Fue
en esta tesitura que Jesucristo dijo aquello de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa misma
regla podría aplicarse hoy a los partidos políticos en España. Ninguno, pero
ninguno, está legitimado para echar en cara a los demás ninguno de los
defectos. Y menos que ninguno el socialista, epítome y depositorio de todos los
vicios y males que pueden darse en una organización política, de la corrupción
al crimen de Estado, pasando por el amiguismo o el latrocinio institucionalizado.
En
estos días, el asunto que ocupa la mayoría de las portadas de la mayoría de los
periódicos es el del máster de la presidente de la comunidad autónoma de
Madrid, Cristina Cifuentes. Dejando aparte el hecho de que en las filas socialistas
son legión los que (seamos misericordiosos) ha redondeado muy al alza sus
currículos, a los suciolistos (empezando
por su secretario general) se les llena la boca hablando de partido más
corrupto de Europa cuando se refieren al Partido Popular.
Y
aunque es indudable que en el partido de la gaviota se han dado casos de
corrupción, muchos más, más graves y desde mucho antes se han dado en el
partido de la Filesa, Malesa, Time Export, los fondos reservados, la
reprivatización de Rumasa… y los EREs falsos.
En
estos días, aunque se mencione poco y en pocos sitios, se está produciendo la
comparecencia en sede judicial de dos antiguos presidentes de Andalucía, la
región peor gobernada de España, de acuerdo con la Unión Europea.
Y no es para
menos, si uno de ellos, anteriormente consejero de Hacienda, alega que no sabía
nada porque no se puede llegar a ese detalle, mientras que el otro, que fue ministro antes y después de ser
cabeza del ejecutivo autonómico, dice que sabía que se daban ayudas, pero que no sabía cómo.
Así las cosas, ni la fiscalía, ni el Supremo, ni siquiera su propio
partido, les ha eximido de responsabilidad, por lo que podrían ser condenados a
diez años de inhabilitación por prevaricación.
No
lo verán estos ojos…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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