Que
España es una democracia imperfecta manifiestamente mejorable es algo evidente
hasta para quienes se empeñan en negarlo contra viento y marea. Es, en
cualquier caso, algo preferible a lo que implantarían, si pudieran, los neocom que tanto la critican, o sea que
más vale lo malo conocido que lo nuevo por conocer.
España
es, en realidad, una partitocracia, con los partidos políticos infiltrados en
todos los órdenes de la vida pública española, de los medios de comunicación a
la judicatura. En aquellos lugares en los que alguna formación se ha perpetuado
en el poder –los paleocom en
Marinaleda, los socialistas en toda Andalucía… sí, ya sé que habría ejemplos de
la otra cuerda del espectro político, pero dejadme que me despache con quienes
me apetezca-, la confusión entre Administración pública y partido ha devenido inextricable.
Ahora,
dando un paso más, los partidos políticos se han propuesto blindar las subvenciones que reciben, de modo que el artículo 6 de la Constitución Española
recoja y blinde la financiación pública de los partidos políticos. Esta propuesta
ha partido de suciolistos, neocom y naranjitos (que, visto lo visto, están demostrando ser más de lo
mismo, como los chicos del coleta).
La
verdad, no veo mayor inconveniente. En España estamos acostumbrados a pasarnos
el ordenamiento en general y la Constitución en particular por el epidídimo,
así que una cosa más no se iba a notar demasiado.
Es
broma, claro. Lo de que no le veo inconveniente, quiero decir. En realidad, me
parece una desfachatez de la peor estofa. Al igual que en el caso de los sindicatos,
los partidos políticos deberían financiarse única y exclusivamente de
aportaciones privadas, en lugar de chupar de la teta pública.
Y
si así no sobreviven, pues al hoyo. No hay nada ni nadie imprescindible.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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