Un siglo de éstos tendré que ponerme en serio a leer la ley de desmemoria histérica, para no hablar sólo de oídas. Hasta entonces, seguiré diciendo que es una norma jurídicamente inconstitucional y semánticamente incorrecta (si es memoria, no es Historia, y viceversa).
Como la izmierda española
es dada a profundizar en el error, hace tiempo se sacaron de la manga un proyecto
corregido y aumentado de esa norma: ahora la llaman ley de memoria democrática.
Como es habitual en ellos, identifican la democracia con la segunda república,
y viceversa. Craso error, puesto que ese régimen nació ilegal e ilegítimamente,
se construyó contra al menos media España y fue llevado a su ruina por los
mismos que pretendían servirse de él para detentar el poder ad aeternum.
Como su predecesora, la nueva
norma parece ser inconstitucional. Así, el Consejo General del Poder Judicial
-al parecer, decidido a convertirse en la chinita en el zapato del desgobierno
socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer- ha ido soltando una serie
de bofetadas que deben haber sentado a cuerno quemado en Moncloa.
Y no es que haya que ser
especialmente inteligente o versado en Derecho para decir lo que ha dicho el
llamado órgano de gobierno de los jueces: basta con tener un poco de
sentido común. Porque es evidente que la norma de marras afecta a la libertad de expresión y al derecho de reunión, toda vez que proscribiría la apología del
(llamado) franquismo y eliminaría las organizaciones que defiendan la figura
del Caudillo (esto es casi una norma ad hominem, en el sentido de que va
contra una fundación en concreto). Es claro que la creación de una fiscalía de memoria
democrática no es particularmente idónea (ni necesaria, ni siquiera útil, añadiría yo). Es palmario que constituye un
error retirar por motivos ideológicos símbolos que tienen un valor históricoartístico o cultural. Es diáfano que resulta ominoso el silencio en la norma sobre
la banda asesina vasca de ultraizquierda cuyo nombre no hace falta mencionar.
Así las cosas, no es extraño que el Consejo aprobara, por quince votos contra seis (es decir, una mayoría del setenta por ciento) un informe crítico con ese engendro normativo al que me niego a seguir llamando ley.
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