Vamos a asumir, a efectos puramente dialécticos, que durante lo más crudo de la pandemia de la COVID-19 todos los poderes públicos españoles actuaron de un modo parecido. Cualquiera que me lea desde hace algún tiempo sabe que en modo alguno pienso así pero, insisto, es con propósito meramente argumentativo que planteo esa paridad.
Es decir, en todos los
casos lo que se nos venía encima era imprevisible. En todos los casos se
carecía de información sobre la materia. En todos los casos se tomaron las
medidas de acuerdo con los expertos (o no, pero no a veces sí y a veces no). En
todos los casos se actuó pensando en el interés general (o en objetivos
meramente partidistas, pero no unos sí y otros no, o viceversa). En todos los
casos se actuó con la diligencia debida. En ningún caso se buscó un lucro
personal en las gestiones, o se produjo tráfico de influencias (o sí, pero no
en un lado del espectro político y no en el otro).
¿Por qué, entonces, la
izquierda ha cargado contra los muertos de la derecha, las gestiones de la
derecha, los chanchullos de la derecha? ¿Por qué resulta ahora que la fiscalía
anticorrupción (que ya sabemos de quién depende, ¿no? Pues eso) va a investigar los contratos de los padres del psicópata de La Moncloa, del marido de la menos
tonta de la clase, del filósofo perico y del mozo de maletas de la narcodictadura?
Al final va a resultar
que, al menos desde la óptica de la izmierda, sí que todos lo hicieron
de parecida manera.
Por ello, y por mucho más…
No hay comentarios:
Publicar un comentario