No deja de ser una de esas incoherencias en las que con tanta frecuencia cae la izquierda mundial -que podían condensarse en su máxima implícita de haz lo que digo, y no lo que hago- el hecho de que, mientras se oponen a la pena de muerte, defiendan acerbamente tanto el aborto como la eutanasia.
Pero es que, de
tapadillo, al defender esta última figura han reintroducido, sin darse cuenta
probablemente -los giliprogres tienden a ser mentalmente regres-,
la pena capital, y para delitos para los que los defensores de la misma no la
habrían aplicado.
Es el caso del sujeto
que en Tarragona entró en su oficina e hirió a tres personas y dos agentes
(entiendo que esto es mala redacción del artículo, puesto que los agentes son
personas), dejando a uno de ellos en estado crítico; más tarde se atrincheró en
una masía, donde fue reducido (la noticia dice abatido, pero cuando se
abate una persona, esa persona queda muerta) y sufrió una lesión medular que le
dejó tetrapléjico.
Tras varios tiras y
aflojas judiciales, el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso
que interpusieron algunas de las víctimas contra la resolución de la Audiencia
de Tarragona que autorizaba la eutanasia, con lo que se dio vía libre a la misma.
Es decir, y en la práctica, el Tribunal Constitucional ha autorizado algo inconstitucional. Más o menos igual que cuando se estrenó.
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