Leo el titular siguiente: Pablo Casado, imputado por un juez de Barcelona por sus declaraciones sobre los niños, el catalán y los baños. Y, naturalmente, me entra la curiosidad y, en contra de mi costumbre, decido echarle un ojo a la noticia para escribir con cierto fundamento.
Y me encontré con que el susodicho juez había
decidido admitir a trámite la querella presentada por la Generalidad de
Cataluña por presuntos delitos de injurias, calumnias y delito de odio o
discriminación, tras unas declaraciones del entonces presidente del PP en las
que aseguró que los maestros de las escuelas catalanas tienen prohibido
autorizar a alumnos ir al baño si se lo piden en castellano, así como que a
los hijos de los policías nacionales y guardias civiles se les señala en clase
y se dice que no pueden estar integrados o que hay niños a los que se les
pone piedras en la mochila por hablar castellano en el patio.
Si lo que dijo Casado es cierto, adelante con
el proceso, y que sea condenado. Pero teniendo en cuenta a quiénes se refiere
-especialistas en considerar a los adversarios políticos como hienas o seres
infrahumanos, multar a quienes rotulan sus comercios en español y, en resumen, practicar
el odio y la discriminación-, debería salir absuelto.
Y los querellantes, condenados a pagar las costas. Si responden al arquetipo regional, le fastidiará por partida doble.
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