Tan
permeadas están las altas instituciones del Estado –la más alta parece que no,
afortunadamente- de la ubicua partitocracia, y tan acostumbrados estábamos a la
colaboración –por acción o inacción- de casi todas las formaciones políticas
con aquellos que quieren destruir a España y a los españoles, que ya casi
habíamos perdido la esperanza de recibir buenas noticias en lo relativo a ese
tema.
Pero
parece que la esperanza es lo penúltimo que se pierde, y que esa puerta no está
totalmente cerrada. Al menos, eso cabe interpretar del hecho siguiente: el
presidente del Consejo General del Poder Judicial –órgano politizado donde los
haya- impidió participar en un acto a la representante del consejo de gobierno
regional catalán porque se negaba a quitarse el lacito filogolpista amarillo
que llevaba en la solapa. Naturalmente, las hordas necionanistas salieron en
tromba a denunciar el atentado a la libertad de expresión y pamemas semejantes,
lo cual demuestra que la prohibición estaba bien establecida.
Quod
erat demostrandum.
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