El
artículo 3 de la Constitución establece que el
castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla. A continuación añade que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Esos
estatutos han dispuesto, en la mayoría de los casos, que el español (mal
llamado castellano) quede orillado por esas lenguas regionales. Sin embargo, la
Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico (tiene gracia que
esto no lo disponga la propia Constitución, sino que lo haga la Ley Orgánica del
Poder Judicial, de 1 de Julio de 1.985), por lo que cualquier norma que vaya
contra ella será automáticamente inconstitucional. Esto es así, por más que
nadie haya tenido los santos dídimos de plantearlo en estas casi cuatro
décadas, a lo que parece.
A
lo que voy. En Cataluña, hablar en español es casi automáticamente convertirte
en apestado. En los círculos oficiales, ya sean políticos o mediáticos, supone
que te tilden poco menos que de facha. Lo que lleva a que cuando el alcalde de
Medellín visita la televisión regional y es entrevistado, los lobotomizados periotontos se dirijan al edil
iberoamericano en ese dialecto del occitano que se hablaba en Barcelona, y
tenga que ser una indocumentada como la alcaldesa de la ciudad condal la que
oficie, entre risas de estúpida, de traductora.
De
mear y no echar gota, vamos. Y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta de quién
estamos hablando…
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