En
España, el sistema electoral para el Congreso es el que es: por
circunscripciones provinciales, y proporcional de acuerdo con la Ley D’Hont. Quejarse
tras las elecciones de si el escaño en tal o cual provincia es más caro o más barato en términos de sufragios necesarios es inútil, además de
hipócrita y excusa de mal perdedor: sabemos desde hace casi medio siglo cuál es
el sistema de reparto de los escaños.
Ahora
bien, eso no es óbice ni cortapisa para que, sin entrar en si un escaño en
Soria cuesta distinto que en Madrid
(por poner una provincia vacía y otra
llena), sí critiquemos los efectos
perversos del sistema. Uno de esos efectos perversos es que las formaciones que
concentran todos sus votos en unas pocas circunscripciones tienen muchas más
posibilidades de conseguir un escaño que las que los dispersan. Por poner un
ejemplo demagógico: estoy casi seguro de que en España hay muchos más ecologistas sandía que etarras, pero
estos últimos están casi todos reunidos en las riberas del golfo de Vizcaya,
mientras que los primeros se reparten por toda la piel de toro y archipiélagos.
Y
en un panorama político en el que cada vez son menos frecuentes las mayorías
absolutas, y en el que el principal partido de la izquierda se opone
frontalmente a una gran coalición,
cada voto cuenta. Acostumbrados al mercadeo de los partidos nacionalistas histéricos, las sucesivas
formaciones regionales han apoyado a quien tocara: como Beltrán Duguesclín, ni
quitan ni ponen presidente del Gobierno, pero apoyan a quien les pague… más. Da
lo mismo que sean canarios que cántabros, siguen la pauta que convergentes y
sabinianos establecieron hace ya cuatro décadas.
Ahora
les toca a los de Teruel Existe: para apoyar a Sin vocales reclaman una fiscalidad
diferenciada y disparar el gasto público. Su programa no viene acompañado
de una memoria económica ni de una estimación de los costes que tendrían las
distintas medidas propuestas, y se recoge en, literalmente, un folio. Como
buenos populistas (entiéndase lo de buenos),
persiguen un aumento del gasto público en la provincia con la expectativa
última de que dicha política pueda generar una mayor riqueza en el territorio
aragonés. Aunque la dinámica económica penaliza a las zonas rurales e impulsa
las grandes capitales económicas, desde la agrupación de electores creen que
esta tendencia puede invertirse a golpe de intervenciones varias. En esencia,
son políticas "de demanda" y no "de oferta", de modo que se
pueden inscribir en una concepción keynesiana del crecimiento económico.
Esto
último lo dice el artículo, no yo, pero me lo creo, como también me creo el
hecho de que, en el pasado, este tipo de iniciativas se han traducido en
grandes fiascos. Por ejemplo, de 1993 a 2016 se desarrolló el llamado Fondo de
Inversiones de Teruel, un proyecto valorado en 934 millones de euros que
terminó financiando "elefantes blancos" como la Ciudad del Motor, que
acumuló 40 millones de pérdidas entre los años 2010 y 2015.
Es
el resultado de primar los localismos, en lugar de exigir un determinado número
de candidaturas (o incluso presentar listas en toda España) para poder
concurrir al Congreso. Si quieren hablar por su territorio, que se presenten al
Senado, que para eso es la cámara de representación
territorial.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!