El
PSOE –la izquierda en general, pero en los últimos tres cuartos de siglo la
única izquierda que ha gobernado España ha sido el PSOE- nunca ha tenido el
menor escrúpulo en patrimonializar el
aparato del Estado, es decir, en usar los bienes y medios públicos en su propio
y partidista interés.
Sin
embargo, las cotas de desfachatez del PSOE actual superan por mucho los ya
elevados niveles acreditados a lo largo de su más que centenaria historia. De los
aviones oficiales usados para viajes privados, hasta el colocar en puestos
ministeriales a las parejas sentimentales de altas autoridades del Estado,
pasando por convertir el CIS es un órgano de propaganda del Gobierno o nombrar
como Fiscal General del Estado a una ministro de Justicia tres veces reprobada
por las Cortes, nada está, o parece estar, de la falta absoluta de moral y
disimulo de la que hacen gala.
Todo
lo anterior viene a ser –bueno, de hecho, es- la introducción – comentario a la
noticia de que el Gobierno quiere eliminar el plazo máximo de las investigaciones judiciales para desgastar al PP, ya que la derogación del artículo
324 de la Ley de Enjuiciameinto Criminal afectaría a la investigación de Púnica, que finaliza en Junio.
Lo
que pasa es que los suciolistos, además
de malos, son también bastante torpes –la eterna duda de si son más malos que
tontos o más tontos que malos-, porque esa modificación legal afectaría también
al caso de los ERE del PSOE. Que, aunque los medios afines a los de la mano y
el capullo –es decir, prácticamente todos- se encarguen de silenciarlo, es algo
mucho más grave, no sólo que la trama Púnica,
sino que todos los casos de corrupción del PP y de los demás partidos
españoles, nacionalistas incluidos.
Menos
mal que, como dice el ministro de Consumo, una persona de izquierdas es
genéticamente incapaz de cometer un delito. Porque si fueran capaces…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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