Patrimonialización

Cuanto más tiempo (seguido, se entiende) pasa un partido político en el poder, más tiende a confundir sus intereses con los del Estado (o región, o municipio) que gobierna. En esto, como en tantos otros defectos, el Partido Socialista Obrero Español resulta un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer.

Después de que España se equivocara (Alfonso Guerra dixit), el PSOE triunfó en las urnas con una mayoría absoluta como no se ha visto desde entonces (y es difícil que se vuelva a ver, al menos en el futuro cercano). Entre corrupciones y trapacerías, aguantó en el poder catorce años raspados. Esos casi tres lustros crearon (o reactivaron) en el partido de la mano y el capullo unos mecanismos mentales de los que no han sabido deshacerse.

Vamos a centrarnos, exclusivamente, en el mundo de la Justicia. En 1.985 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial que todos padecemos y que nadie se ha atrevido a cambiar. En ese texto legal se consagraba la partitocratización del poder judicial, puesto que los miembros del órgano de gobierno de la judicatura (el órgano de las cuatro mentiras, podríamos decir: no es consejo, ni gobierna, ni es poder, ni es judicial) eran elegidos por las dos cámaras del Parlamento.

Más o menos al mismo tiempo era nombrado Fiscal General del Estado un canario cuyos dos únicos méritos conocidos eran ser practicante de la lucha canaria (respondía al sonoro nombre de el pollo del pinar) y la docilidad absoluta a las consignas emanadas del poder ejecutivo.

Unos veinte años después ocupó la misma plaza un individuo que poco honor hacía a su nombre de pila, puesto que de ingenuo tenía poco, y mucho en cambio de malicia y doblez. Este sujeto fue el que dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que las togas de los fiscales no rehuirían el mancharse con el polvo del camino, implicando que estaba a favor de la negociación (rendición) del Estado con los asesinos ultraizquierdistas vascos.

Pero parece que a la tercera va la vencida, y la actual titular de la Fiscalía General del Estado (esta sí lo es del Estado, y no del Gobierno) parece mirar más por el interés público y la legalidad que por los intereses del Gobierno que la nombró. No voy a negar que tal actitud me ha sorprendido (gratamente), y que no me la esperaba en absoluto, como tampoco las tenía todas conmigo en su actuación con respecto al proceso al golpe de Estado.

Bien es verdad que en el proceso al proceso, como he titulado las distintas entregas que he publicado sobre el tema, ha sido la Abogacía del Estado la que ha mostrado una bochornosa docilidad a las consignas emanadas desde Moncloa, mientras que el Ministerio Público ha actuado como debía (o como yo pienso que debía, al menos).

Ante la esperada oposición de la fiscal Segarra a un eventual indulto de los golpistas (tras ser condenados), la formación de un nuevo Ejecutivo es la oportunidad de Sin Vocales para relevar a la jefe del Ministerio Público. Mientras, la que en reuniones con delincuentes y prevaricadores llamaba maricón a su futuro compañero de gabinete ha intentado premiarla con un destino en el Supremo, pero el citado órgano de las cuatro mentiras impidió por unanimidad esta maniobra.

Algo huele a podrido en Dinamarca desde hace mucho, es cierto; pero no lo es menos que todavía hay partes sin corromper, y que la esperanza es lo penúltimo que se pierde.

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!