El
Derecho penal y procesal penal español resulta, desde mi punto de vista,
mejorable. Siguiendo el principio de que la pena debe perseguir, ante todo, la
rehabilitación del delincuente y su reinserción en la sociedad, se pierde de
vista (a mi parecer) un elemento fundamental: que si al delincuente se le
impone una pena, no es porque sí, sino porque ha hecho algo, ha cometido un
delito (o falta), ha perjudicado a alguien. Es decir, que estamos olvidando a
los perjudicados, la víctima en particular y la sociedad en general.
Nos
encontramos así con el hecho de que el Tribunal Constitucional español (cuyo
prestigio es tan descriptible como el aspecto del bosón de Higgs) votará una
resolución que permitiría a Cocomocho ser
presidente desde prisión. Es decir, que según fuentes jurídicas, el Rey Felipe
VI tendría que firmar el nombramiento del susodicho aunque el interfecto estuviera encarcelado.
Que,
dicho sea de paso, es donde debería estar. Después ya se vería si se le
nombraba… o se tiraba la llave del calabozo por el retrete.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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