En el salvaje Oeste (estadounidense, se entiende), aquello era un territorio sin Ley donde imperaba la (valga la rebuznancia) ley del más fuerte.
No es que en Cataluña se llegue a
esos extremos, pero casi. Porque hay una parte de la población que hace lo que
le viene en gana, y en esa parte de la población, alentándoles y protegiéndoles,
se encuentran las autoridades regionales y locales (y, si se me apura, hasta
las nacionales, que dejan hacer), que teóricamente deberían velar por el
cumplimiento del ordenamiento jurídico y de las resoluciones de los tribunales
de justicia.
Y así, mientras el Tribunal
Superior de Justicia de la región emitía una nueva sentencia a favor de un
veinticinco por ciento (que ya manda huevos) en el sistema educativo (pónganse
todas las comillas que se quiera a lo de sistema y, sobre todo, a lo de educativo)
catalán, el consejo regional de gobierno ofrecía a los profesores asistencia jurídica para incumplir las sentencias como la anteriormente mencionada.
Lo peor es que las autoridades secesionistas -en la línea del psicópata de La Moncloa, y de toda la izquierda en general- mienten como bellacos: hablan de un modelo de éxito, o de consenso político y social al respecto.
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