Uno
de los ejemplos más palmarios de la ley del embudo (también llamado doble
rasero) que la izquierda española aplica sin contemplaciones es el hecho de los
políticos involucrados en algún caso de presunta corrupción.
Si
el político es de derechas, se aplica la presunción de culpabilidad, se le
estigmatiza, se exige su dimisión y, en general, se le hace la vida imposible,
al tiempo que se extiende la calificación a todo el partido al que pertenezca.
Si
el político, en cambio, es de izquierdas –y, por lo tanto, como ya sabemos,
genéticamente incapaz de cometer un delito (nótese el tono irónico)-, se le
aplica la presunción de inocencia, puede seguir ocupando su puesto tanto tiempo
como guste y aun cuando sea condenado se defenderá su honorabilidad. En cuanto al partido, aunque los casos de corrupción
sean tan numerosos como las hojas caídas en otoño, como las gotas del mar, como
los granos de arena en el desierto del Sáhara, se proclamará contra viento y
marea que se trata de casos aislados. Docenas, cientos, miles de casos… pero
aislados.
Un
buen ejemplo lo hemos tenido hace poco en la comunidad autónoma de Madrid. Su presidente,
la popular Isabel Díaz Ayuso, fue
víctima de esto que acabo de señalar. Su difunto padre estuvo de alguna manera
relacionado con una empresa pública en la que, aparentemente, se había cometido
algún tipo de chanchullo. No había ni prueba ni indicio ni sospecha de que el
padre de Díaz Ayuso se hubiese visto implicada, pero eso no le importó a los neoneocom (¿o quizá reneocom?), que la pusieron a caer de un burro.
Hará
unos veinte días, la fiscalía anticorrupción archivó la causa interpuesta por
los reneocom. ¿Dijeron algo? ¡Cá! ¿Se
disculparon, acaso? ¡Quiá! ¿Reconocieron su error? ¡Amosanda! Claro que, como
ya sabía de qué pie cojeaban, la política popular
no esperaba que lo hicieran, a pesar de que sus acusadores sabían que no había
nada y no les importó.
Y
es que, de donde no hay, no se puede sacar…
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