miércoles, 6 de diciembre de 2017

De hormigón armado

Por sobre todas las demás cosas, la izquierda española es, en general, hipócrita. Y en el colectivo izquierda englobo todo aquello que tiene que ver con esta ideología: los partidos políticos, de los más moderados a los más radicales; los dirigentes, en el poder o fuera de él; los militantes, desde los más comprometidos a los simples simpatizantes; y, claro está, los sindicatos, singularmente los sedicentemente más representativos.
La izquierda en general también se dedica, cuando no tiene nada mejor que hacer –es decir, cuando no tiene alguna otra consigna que les ocupe la neurona-, a meterse con la Iglesia. La católica, claro está: a las demás confesiones cristianas, en general, las dejan en paz; de los musulmanes ni hablamos, puesto que sus genuflexiones son tantas y tan acentuadas que sólo les queda ponerse con el culo en pompa (cada cual que interprete esto como le plazca) ante los seguidores del pastor de ovejas de La Meca.
Probablemente esta animadversión hacia la iglesia católica derive de que ésta hace muchas cosas que ellos –las izquierdas- defienden de boquilla; las hace, además, mucho mejor y ahorrando a las arcas públicas unos buenos dineros. Por ello quizá salen, de cuando en cuando, con la matraca de que el Estado no debería financiar a la Iglesia.
Matraca que es, además, falaz: no es el Estado el que financia a la Iglesia, sino que son los ciudadanos, marcando la casilla correspondiente al hacer la declaración del impuesto sobre la renta, los que deciden que un porcentaje de sus impuestos se destine a este fin. El Estado, por tanto, no opera más que como intermediario: los fondos públicos no es que sean de nadie, como dijo la egabrense; tampoco son del Estado, sino que son de todos y somos todos, por tanto, los que decidimos lo que se hace con ellos… cuando nos dejan.
Tan es así que, cuando se despistan un poco y abandonan la matraca, el progretariado no es que no pida la supresión de la casilla de marras, sino que propone el que haya más casillas para destinar específicamente fondos a tales o cuales fines concretos de interés general, valga el aparente contrasentido.
Vuelvo al principio: en un ejercicio de hipocresía difícilmente superable (aunque es cuestión de esperar), el secretario general de UGT ha declarado que cree que todos los españoles deberían pagar los trabajos sindicales y no sólo sus afiliados. Y eso lo dice un sujeto de una ideología que sostiene que por qué tiene alguien que no es católico que contribuir al sostenimiento de la Iglesia católica.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!

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