Manda huevos

España es, en teoría, una democracia donde rige la separación de poderes. Sin embargo, el sistema que, seamos generosos, planteaba la Constitución de 1.978 ha devenido más bien en una partitocracia, basada en la premisa de que los partidos reciben el voto del pueblo y, por lo tanto, se consideran con un plus de legitimidad democrática. Es decir, que los partidos vienen a sostener que, a su través, el pueblo lo controla todo. En realidad, lo que ocurre es que el pueblo no controla nada.

El Ejecutivo debería dirigir la acción de Gobierno y ordenar la vida pública. Hasta ahí, bien. El Legislativo, además de elaborar las leyes, debería controlar al Ejecutivo. Pero ¡ay!, en el Legislativo lo que hay es una serie de parlamentarios que han sido puestos ahí por los partidos y que, si tienen la ocurrencia de controlar al Ejecutivo, ya pueden ir despidiéndose del escaño, así que adiós a lo del control. Y en cuanto al Judicial, con un órgano rector que constituye una contradictio in terminis por cuadruplicado (puesto que ni es consejo, ni es general, ni es poder, ni es judicial) y que desde 1.985 es un apéndice más de los partidos políticos, mejor nos olvidamos.

Porque es que, además, tiene unos escrúpulos de lo más extraños, ya que en general procura no actuar en víspera de procesos electorales para no interferir. En el caso de Felipe González se habló de no estigmatizarle; en el caso de Arturito Menos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido no imputarle para no interferir en las elecciones catalanas.

Es decir, mejor votar a alguien que no sabes si es un delincuente o no (es una manera de hablar, sabemos que es un delincuente, aunque no haya sido declarado judicialmente como tal) que despejar la duda antes de las elecciones…

…no vaya a ser que resulte que, al final, se le declare culpable.

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!