En
la política española reciente, hay dos puestos en los que, más que en ningún
otro, se cumple este viejo adagio. Uno es la secretaría general del partido de
la mano y el capullo, donde van de mal en peor. El otro es la presidencia del
consejo de gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña.
Repasemos.
Tras la reinstauración de la monarquía, el primero en ocupar el cargo fue José
Tarradellas: ese sería bueno aunque no hubiera otro, y el único con sentido de Estado
de todo el grupo. Luego le siguieron Jorgito Poyuelo, Pascual Maragall, José
Montilla, Arturito Menos, Cocomocho y, finalmente, Chis Torra. Uno tiembla de pensar quién
podría ser el siguiente.
El
racista que ocupa ahora el puesto (no legalmente, puesto que ni se ha firmado
el decreto ni, mucho menos, el mismo ha sido publicado, claro está) no se ha
cortado ni un pelo y, tras marchar a Berlín a rendir pleitesía al dedo que le
ha nombrado, ha anunciado que no acatará la Constitución.
Ante
esto, algunos conocidos critican la (aparente) inacción del Gobierno de España,
e incluso propugnan la aplicación –aunque sin referirse expresamente al
precepto concreto- del artículo 8 de la Constitución, ese que dice que las
Fuerzas Armadas tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
Reconozco
que a mí también me pone de los nervios este (aparente) andar con pies de plomo
por parte de Mariano Rajoy; pero es prudente y, de momento, parece irle
funcionando. Básicamente, porque allende nuestras fronteras empieza a conocerse
la ralea de quienes se proclaman oprimidos por la autoritaria España. Y mientras, la franquicia catalana de los de la mano y el capullo (otros que van de mal en peor) han criticado el ramalazo constitucionalista de Sin vocales al tiempo que defendían la impecable y legal toma de posesión del butifarro.
Wait and see, que dicen los
angloparlantes.
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