Los
antisistema consideran que la estructura social actual es injusta y por ello,
en un curioso giro mental tomista, desobedecen lo que consideran un
ordenamiento ilegítimo (hay que disculparles, han estado demasiado ocupados
haciendo otras cosas como para estudiar semántica en condiciones).
El
problema es que, una vez aupados a posiciones de responsabilidad –gracias, no
lo olvidemos, al Partido Socialista, que con tal de que no gobierne la derecha es capaz de suicidarse políticamente-,
esta gente sigue manteniendo el mismo esquema mental. Y lo que cuando eran
ciudadanos de a pie no traía más consecuencia que unos cuantos palos policiales
y –con suerte (para los ciudadanos respetuosos de la Ley)- algunas jornadas a
la sombra, ahora que manejan caudales públicos tiene consecuencias muy graves…
para todos.
La
primera de ellas, que de perjudicar a –por ejemplo- los dueños de un inmueble
ocupado, pasan a perjudicar a todos los madrileños y, de rebote –dado que la
capital del Reino es una urbe con un peso económico considerable-, a los
españoles en general. La segunda, que sus proyectos, por bienintencionados que
sean (concedámosles el beneficio de la duda… aunque para mí no hay duda
ninguna), no pueden realizarse porque –en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid- no tiene cobertura
jurídica ni legal porque no es acorde al Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).
Y
sí, estoy hablando de la ampliación al Norte del Paseo de la Castellana. Que,
mira tú por dónde, me afecta en cierto modo…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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