Nobleza obliga

Tengo que reconocer que la frase de Paulino Iglesias –que vino a decir, poco más o menos, actuaremos dentro de la legalidad cuando ello convenga a nuestros intereses, y al margen de ella cuando no; según Wikiquote, Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones- me da mucho juego. De hecho, suelo recurrir a ella cada vez que el PSOE se salta la Ley a la torera, o amaga con hacerlo… lo cual ha sucedido, sucede y sucederá con relativa frecuencia.

Ahora, en un alarde de demagogia (otro), el gobierno de Sin vocales ha anunciado que estudiará retirar el ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú. Se imniscuye así en asuntos que no son de su competencia, puesto que, de acuerdo con el apartado f del artículo 62 de la Constitución, corresponde al Rey conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Por analogía con lo sucedido con la infanta Cristina, correspondería a Su Majestad el Rey, y no al gobierno, la retirada del citado título nobiliario.

En tal caso, el Gobierno podría estar cometiendo un delito de los contemplados en el artículo 402 del Código penal (El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años), o bien de los del artículo 404 (A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años).

Pensándolo mejor, casi que sigan adelante. Con un poco de suerte, nos libramos de ellos... en bloque.

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!