La izquierda -ya sea la presuntamente democrática o la abiertamente totalitaria- siempre ha proclamado defender la igualdad. Ante esto hay que hacer dos matices.
El
primero, que la igualdad que defienden es siempre a la baja: en la dicotomía
entre pobres y ricos, la solución es acabar con los ricos, no con los pobres, y
ahí están los casos del bloque soviético, de Cuba o de Corea del Norte para
demostrarlo; en la disyuntiva entre buenos y malos alumnos, la solución no es
incentivar el esfuerzo, sino de decretar el aprobado general -el pasar de curso
con suspensos, vamos-, y ahí están las sucesivas y cada vez más nefastas leyes
sobre educación (¿?) españolas, provenientes siempre de la izquierda (para una
vez que la derecha osó promulgar una, la comunidad educativa o,
por mejor decir, sus dirigentes, se negaron en redondo -que no en rotundo,
como a veces escucho por la radio- a aplicarla).
El
segundo que, como decía Orwell en Rebelión en la granja -cuando se habla
de exponer las verdades del comunismo, resulta inevitable citar a este autor y
a esta obra-, todos son iguales, sí, pero algunos son más iguales que otros; o,
en el más castizo español, que todavía hay clases.
Viene
toda esta perorata introductoria al hilo, cómo no, de la llamada -por la portacoz
del desgobierno socialcomunista- armonización fiscal, que consistiría en
que todos -cargándose así de paso la autonomía fiscal, una de las pocas razones
razonables de ser de las comunidades autónomas- tuvieran los impuestos
iguales… igual de altos, por supuesto: ni nos socialistas, ni mucho menos los
comunistas, ni los golpistas catalanes, han leído nunca a Laffer. Es más, es
casi seguro que ni siquiera hayan oído hablar de él.
Con
motivo de las negociaciones -probablemente chalaneo (no sé qué es, pero lo
comprendo, como decía Arnold Schwarzenegger en Los gemelos golpean dos
veces) sería un término mucho más ajustado- en torno al proyecto de
presupuestos generales del Estado, los ierreceos anunciaron un preacuerdo
con el desgobierno por el que prestaban su apoyo para acabar con el dumping fiscal
de Madrid.
Dado
que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
-igual en catalán quiere decir otra cosa-, ese término inglés significa práctica
comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado,
con grave perjuicio de este, queda claro que la táctica socialcomunista
consiste en emplear una palabra de la cual poca gente conoce su significado
exacto pero que presenta connotaciones negativas, para así dotar de una pátina
de decencia lo que no es sino un propósito indecente.
Porque
un contribuyente que gana treinta mil euros al año (para lo cual tampoco hay
que correr demasiado), en Cataluña paga trescientos siete euros más por el
impuesto sobre la renta que en Madrid. Por esto, los ierreceos acusan a Madrid
de ser un paraíso fiscal... lo que no sería sino por comparación con el
infierno fiscal que supone esa esquinita del país.
La
presidente regional, Isabel Díaz-Ayuso, puso pie en pared y se rebeló contra
estas intenciones, proclamando su voluntad de ser la peor pesadilla (ya
lo es: sin Pierre Nodoyuna no duerme es por ella, y no por tener al Chepas
en el consejo de ninistros, tal y como proclamó en su día) de quienes
quieren robarle a los madrileños. Ante esto, la indocta egabrense acusó a la madrileña de deslealtad con su asimetría fiscal (sic), de romper la unidad de España y confirmó
decisiones importantes en materia tributaria.
Todo
esto, en cuanto a la igualdad a peor. En cuanto a lo que podríamos llamar plusigualdad,
fue la Junta de Andalucía la que puso el dedo en la llaga, preguntando si se
iban a armonizar también los regímenes fiscales de las comunidades forales (esto es, Vascongadas y Navarra).
Todavía estamos esperando que contesten.
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