A poco de llegar al poder, el psicópata de la Moncloa preguntó retóricamente, en masaj… perdón, entrevista por la radio pública nacional, de quién dependía la Fiscalía.
El palmero, abochornado, no pudo sino
responder lo que su amo le reclamaba, es decir, que del desgobierno
socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer, y el yerno de Sabiniano
remachó con un Pues ya está.
Naturalmente, como ocurre siempre con los del
partido de la mano y el capullo, la coincidencia con la verdad era inexistente.
Si bien es el ejecutivo quien nombra al Fiscal General del Estado, y el Ministerio
Público debe actuar conforme a los principios de unidad de actuación y
dependencia jerárquica, no es menos cierto que está también sujeto a los de
legalidad e imparcialidad.
Es decir, que ante una orden manifiestamente
ilegal (incluso, con un buen defensor, incluso con una que presentara
apariencias de serlo), un fiscal podría saltarse la obediencia debida a sus
superiores… y, desde 2.018, al gobierno, puesto que todos los que han ocupado
el cargo han sido fiscales particulares del gobierno, es decir, de Pedro
Sánchez.
Y como no todos los fiscales tienen los
mismos principios, o el mismo valor, a nadie debe sorprender que la fiscalía
diluyera en su informe sobre la invasión de Ceuta los hechos que pudieran apuntar
a un posible delito de comprometer la paz o la independencia del Estado. Y esto
lo hizo por medio de la asunción del caso por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional días antes de la emisión del informe.
¿El objetivo? Controlar los posibles daños.
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