Fue
Senior el que dijo que el partido
socialista funcionaría dentro de la legalidad cuando ello conviniera a sus
intereses, y al margen de la misma cuando no lo hiciera. El modus operandi que supone las palabras
del fundador del partido del puño y la rosa, y del sindicato hermano, es algo
que, como tantas otras cosas, tienen en común sus epígonos y los regionalistas
españoles.
Han
sido sobre todo los catalanes los que han tomado como costumbre el pasarse el
ordenamiento jurídico español y las resoluciones de los órganos del poder
judicial por el arco de la barretina. En los últimos tiempos, incluso, ya han
obviado incluso el obedecer las normas emanadas de la propia asamblea
legislativa regional.
Ahora
bien, ese hacer de su capa un sayo no les ha impedido, en repetidas ocasiones,
acudir al Tribunal Supremo y al Constitucional, tan vilipendiados por ellos cuando
fallan en su contra, para recurrir aquellas normas o resoluciones que les
desagradan. Eso sí, sólo en caso de que los citados altos tribunales les den la
razón acatan sus resoluciones; de lo contrario, funcionan como de costumbre.
Eso
ha ocurrido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dejando aparte
que no deja de ser paradójico que una sedicente independiente nación se pliegue
a las medidas y disposiciones de otra (¿alguien se imagina, por ejemplo, a los
franceses haciendo caso a lo que dicte Westminster, o a los hijos de la Gran
Bretaña obedeciendo como corderitos los mandatos de la Asamblea Nacional?),
resulta de traca que el consejo de gobierno regional de Cataluña, destituido,
anunciara que presentarían una batería de recursos para frenar el artículo 155.
De
ese anuncio ya han pasado dos semanas y media, y a la vista está que no han
tenido éxito alguno.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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