Supongo que, en un primer momento, la Organización de las Naciones Unidas tuvo la utilidad de guardar más o menos la formas a la hora de configurar el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, con el tiempo devino
en lo que deviene casi toda organización humana (Iglesia Católica incluida, por
ejemplo): en una burocracia poco operativa y que, en ocasiones, estorba más que
ayuda. Eso, por no hablar de la miríada de prebendas, canonjías, enchufes y
demás que toda burrocracia lleva aparejados.
Y luego están las resoluciones de
la organización, decisiones que casi todo el mundo se pasa por el forro de los
dídimos cuando no coinciden con sus intereses, traten sobre Palestina o sobre
Gibraltar. Aunque incordiar, incordian.
Como es el caso de la resolución
del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha dado la razón a la
pareja de la fiscal general del desgobierno socialcomunista que tenemos la
desgracia de padecer, al concluir que el Tribunal Supremo vulneró su derecho a
la presunción de inocencia y su derecho a la revisión de la condena y la pena
cuando en 2012 le condenó a once años de inhabilitación por un delito de
prevaricación. Ante semejante notición, el interfecto ha manifestado su intención de reclamar el reingreso en la carrera judicial.
Se ve que en la ONU no se han enterado de que el exmagistrado recurrió también ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos contra la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario