Hace un par de días comentaba el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas había concluido -en concreto, su Comité de Derechos Humanos- que se habían vulnerado los derechos a la presunción de inocencia y a la revisión de la condena y la pena cuando en 2.012 se condenó al juez estrellado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Repasemos: prevaricar es,
entre otras cosas, dictar una resolución injusta a sabiendas. En esa definición
las palabras clave son las dos últimas. Si el juez sabe que está haciendo algo
mal, y a pesar de eso persevera, es más culpable que el pecado, por mucho
derecho que tenga a la presunción de inocencia. Y en caso como éste, en que se
condena a un juez por delinquir a sabiendas, el Consejo General del Poder
Judicial no los ha rehabilitado.
Con lo que, si yo fuera él, seguiría pasando los días en su bufete… y las noches en la cama de la fiscal general del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer.
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