La Constitución española de 1.978 lo dice muy claro en el apartado primero de su artículo 3: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Añade en el apartado segundo que Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
La combinación de ambos preceptos (me) lleva
a una conclusión ineludible: un catalanoparlante (por ejemplo) no podrá obligar
a nadie a tener que entenderle si habla en catalán fuera de Cataluña (apartado
segundo); pero tampoco podrá obligarse a nadie a hablar en catalán en Cataluña,
si ese alguien no quiere, puesto que de la única lengua que se predica la
obligatoriedad de conocimiento y el derecho de uso es del español (mal llamado castellano).
Algunos podrán decirme que, puesto que el
español es lengua oficial de España y existen ese derecho y deber en todo el
territorio, por analogía podría aplicarse lo mismo a las lenguas regionales en
las respectivas regiones. A lo cual yo opongo que el apartado segundo emplea el
adverbio también, lo cual implica una cooficialidad, la posibilidad de
uso de una u otra, no la excluyente oficialidad de la lengua regional (lo cual
iría contra el apartado primero).
De donde se deduce que las leyes llamadas de
inmersión lingüística son, en realidad, de ahogamiento del español. Dejando
aparte que con ellas sólo podrías ir hasta Perpiñán o Irún (con el gallego
probablemente podrías apañártelas en Portugal y, de rebote, en Brasil), el
establecer una educación exclusivamente en la lengua regional, con cuotas o sin
cuotas, es flagrantemente inconstitucional.
Por lo que el hecho de que el informe del
Parlamento Europeo que analiza la susodicha inmersión pida que el español
también sea lengua vehicular es, como dice el titular, demoledor. Pero es
demoledor porque vamos camino de cinco décadas en los que se conculcan los
derechos de aquellos que -repito-, acogiéndose a la Constitución, reclaman
educación en español.
Y en Madrid, permitiéndolo.
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