Hace
un mes, un centenar de personalidades
catalanistas (si eso son personalidades,
tiemblo de pensar en los borregos que componen la grey secesionista)
solicitaron a la Generalidad catalana que abortara el butifarrendum II.
Presentaron
un manifiesto (un papelito firmado de esos que tanto les gusta pergeñar a los
progres, porque escribir es muy fácil) que denunciaba que la reciente convocatoria hipotéticamente refrendaria no se fundamenta
ni en el Estatuto, ni en la Constitución, ni en el Derecho Internacional. Al
contrario, atenta contra la esencia misma de la pervivencia del Estado de
Derecho. Añadía otra evidencia, como que las leyes que conducirían a una pretendida declaración de independencia
permanecen escondidas a las fuerzas políticas del arco parlamentario que
representan más de la mitad del pueblo catalán. Es un artificio que constituye
una verdadera sustracción el ejercicio de la potestad legislativa propia de una
nación civilizada y de una democracia madura, y remataban diciendo que no se cumplen los requisitos para que sea
democráticamente homologable.
Después
de tan encomiable (y perogrullesco) comienzo, los promotores de la petición de
que se suspenda el referéndum del 1 de octubre definieron Cataluña como una entidad nacional y jurídica, que
existe y existirá antes y después del primero de octubre, y su continuidad la
garantiza, afortunadamente, la Historia y su voluntad de ser, reafirmándose en
la pervivencia y primacía del Derecho y de la democracia. Cataluña, heredera de
la tradición jurídica más noble e irrenunciable, ha crecido en su entorno.
Y
la cosa empeoró, porque los firmantes pidieron (cómo no) negociación: Igualmente, con la misma convicción y el
mismo sentimiento de urgencia, pedimos, a quienes tienen la legitimidad
política para hacerlo, y en particular al Gobierno español, que se esfuercen al
máximo para acordar soluciones positivas para Cataluña y para el conjunto de
España.
Las
únicas soluciones que sean positivas para Cataluña y para el
conjunto de España fue la que tomaron las autoridades (republicanas) de España
hace más de ocho décadas: mandar a todos a la cárcel. Porque esas son las
únicas razones que entiende esta
gente.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario