A
finales del año pasado todavía parecía haber una cierta esperanza de que los
tentáculos autocráticos de Sin vocales
no se habían extendido por todo el aparato del Estado, de que aún existían
reductos de integridad, profesionalidad y ética.
Porque
¿de qué otro modo cabría interpretar el hecho de que la Abogacía del Estado
denunciara las presiones del presidente en funciones para que su informe sobre
el recluso bleferótpico y con sobrepeso fuera favorable a los intereses de
Ferraz?
A continuación, la asociación de Abogasos del Estado publicó un comunicado en el que aseguraba que rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza con respecto al ejercicio de sus funciones. Lo malo de la redacción de dicho escrito, por lo demás muy breve, era si ese rechazo se refería a que no se habían producido tales presiones o a que, habiendo tenido lugar, los condenaban.
En
cualquier caso, dio lo mismo. No sólo porque el informe fue finalmente en la
línea que deseaba el Gobierno, sino porque éste se lo había filtrado a los ierreceos antes de publicarlo, y éstos
le habrían dado su visto bueno (nunca ha estado tan claro quién tiene agarrado
a quién por los dídimos) y garantizarían –todo lo que semejante gentuza puede
garantizar algo- su abstención en la votación de investidura.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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